¿POR QUE DEBEMOS REPLANTEAR EL CRECIMIENTO URBANO ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES?


[1]Salvador Martín Medina Torres

Vivienda. Salud. Educación. Empleo. Desarrollo. Seguridad. Y últimamente, SUSTENTABILIDAD, más utilizada como adjetivo, casi siempre aplicado a los términos anteriores, sin el pleno entendimiento que encierra tal principio. Todos ellos conceptos torales e importantes en la vida de cualquier pueblo o nación, pero en el caso de México, manoseados y utilizados abusivamente al extremo de que ya nadie cree en ellos, salvo las minorías de la clientela política en que nuestro pueblo parece estarse fragmentando. Así están las cosas ahora. Antes no.

Las expectativas de desarrollo de Aguascalientes, particularmente de su capital (asentada en un valle otrora feraz y abundante en agua a flor de tierra, al grado que de ahí derivó el nombre impuesto por sus descubridores españoles), últimamente han sido cimentadas mas en aspectos de crecimiento económico, urbano e industrial, que en la limitada disponibilidad de aquellos recursos naturales largamente ignorados y mas recientemente sobreestimados, en que toda nuestra existencia como entes sociales se sustenta.

Ahora, una vez más, vuelve a ser materia de litis política el argumento de la necesidad de vivienda, y ya es costumbre que ésta sea satisfecha a costa de los relictos de vegetación natural, muy a pesar de las incompetencias ambientales de nuestros tres niveles de gobierno, que aun perduran. Mucho se habla de derechos humanos (nuestros representantes populares locales han deliberado mucho sobre ello), pero de los derechos “ambientales” nadie, (ni siquiera quienes se autoproclaman “ecologistas”), quiere hacerse cargo. Tal vez es hora de que surja la figura de una defensoría de tales derechos, en el seno de los gobernados, ya que de los gobernantes nada hemos visto los ciudadanos.

Lo que es peor. Estamos desinformados como sociedad. Parece que ha sido más importante informar de la necesidad de reubicar la actual zona de tolerancia de “Las Violetas”, ante la inminente construcción del fraccionamiento “Centenario de la Revolución”, que de dar a conocer los IRREPARABLES costos ambientales que tal disparate le va a ocasionar a la ÚLTIMA reserva estratégica de agua de nuestra orgullosa Cd. Capital. Bonita forma de conmemorar INDEPENDENCIA y REVOLUCIÓN.

Se ha dicho, y con razón, que el Valle de Aguascalientes es uno de los polos de desarrollo más importantes y de alto valor estratégico de México. Y resulta, que nuestra querida Ciudad, junto con casi la totalidad de su municipio, se encuentra dentro de los límites del ACUIFERO INTERESTATAL OJOCALIENTE-AGUASCALIENTES-ENCARNACIÓN. Este acuífero, que se encuentra en la lista negra (o roja por mejor decir) de los más sobre-explotados del país, comprende además la totalidad del acuífero del Valle de  Aguascalientes. Dentro de nuestro estado, comprende el 63% de su superficie, mientras que Zacatecas (acuífero Ojocaliente) comprende un 33%, y Jalisco al sur (Encarnación de Díaz) contiene el 4% restante. 4,700 km2 nada más (figura 1).

Figura 1. Ubicación del ACUIFERO INTERESTATAL OJOCALIENTE-AGUASCALIENTES-ENCARNACIÓN. Tomado del COTAS.

No solamente tenemos un alarmante desbalance entre la recarga anual del acuífero y la extracción de su contenido (433 hm3 de extracción actual versus 234 hm3 de recarga), sino que además encontramos que el 73% de esa abusiva extracción, es utilizada por un sector “primario” (agropecuario, silvícola, pesquero y minero) altamente ineficiente, ya que solo aporta el 5% del Producto Interno Bruto regional (PIBr) y mantiene ocupada al 8% de nuestra Población Económicamente Activa (PEA).

Una estadística que pudiera agradar y convenir a los entusiastas de la urbanización, es que “solamente” el 25% de la explotación del acuífero se destina a los servicios urbanos. No obstante, la urbanización como tal impacta el acuífero. Es mas en su capacidad de recarga, que en su explotación, donde se infringe el mayor impacto, pues el concreto que se vierte en cualquier urbanización es el factor que limita e impide que el agua pluvial se infiltre en el subsuelo. Y si nos obstinamos en valorar nuestro desarrollo en términos de crecimiento económico, resulta que, exceptuando el extraordinario repunte del 12.7% en el año 2000, la tendencia general ha sido de un 3.4% en 1996 al 2.3% en 2003, señal de alarma ignorada con persistencia por nuestras autoridades estatales, y cuya tendencia a la fecha persiste. Es entonces evidente que, nuestro desarrollo actual así evaluado, ha sido todo, menos SUSTENTABLE.

No obstante lo anterior, ya se han propuesto alternativas para revertir el actual desbalance entre el aprovechamiento del recurso agua, y su recarga natural. Ello es posible, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Además de hacer más eficiente la distribución, uso y reuso del agua, se plantea como una condición esencial la disminución de la frontera agrícola que actualmente demanda el mayor consumo de agua, de 50 mil a 15 mil hectáreas. A unos meses del 2010, se tiene que para ese año, se planteó como una condicionante necesaria para alcanzar la recuperación del balance, la reducción de las extracciones a los títulos concesionados, pues actualmente se extrae mas de lo que legalmente es permitido. Se esperaría que para el 2015 el uso agrícola descienda de los 348 a 150 hm3 anuales, en razón de una progresiva des-incorporación de tierras a la agricultura. Para el 2020, se alcanzaría un balance positivo en la recarga (234 hm3 de recarga contra 225 hm3 de extracción), al reducir la frontera agrícola de 50 mil a 15 mil hectáreas, junto con la reconversión agrícola hacia cultivos menos demandantes de agua, la transferencia de nuevas tecnologías en irrigación e invernaderos, y el abatimiento de los índices de consumo de agua per-cápita, que de alguna forma ya han disminuido.

Ante este escenario, aun hipotético y lleno de buenas intenciones, cabe preguntarse. ¿A esta meta con tanta claridad planteada, nos conducirá CUALQUIER proyecto de urbanización en torno a nuestra ciudad capital? Evidentemente que no. El sentido común nos indica que la ciudad de Aguascalientes, ya no puede crecer mas, sin comprometer su futuro, incluidos los de aquellos que se empeñan en hacer negocio con el “desarrollo inmobiliario”, pues la falta de agua que con certeza vendrá, les afectará en donde mas les duele…, en la plusvalía de sus caras inversiones. ¿A quien convendrá entonces adquirir o rentar un bien inmueble sin agua?

Desde hace mas de dos décadas, mucho se ha escrito y publicado en torno a la problemática del agua en Aguascalientes. El valle del mismo nombre, es el que mayor capacidad de infiltración tiene, por la naturaleza de sus suelos y geología. Y es precisamente en las áreas provistas de vegetación natural, en donde tal capacidad se conserva. Si a ello le añadimos el efecto topográfico, resulta que en lomeríos  (como el caso del proyecto “Centenario de la Revolución”), al efecto supresor de infiltración dado por el depósito de concreto, se habrá de añadir un incremento peligroso del escurrimiento, que en final de cuentas impide cualquier recarga del acuífero. ¿Por qué insistir entonces en destruir nuestros relictos de vegetación natural circundantes a la ciudad capital?

Otros argumentos, en el campo del urbanismo, pueden esgrimirse en contra de este despropósito, y que en su momento serán expuestos y defendidos. Ejemplo de ello, es el hecho de que la demanda de vivienda por una década y media en el futuro, puede ser satisfecha a cabalidad, ya sea a costa de los predios ociosos dentro del segundo anillo de circunvalación (Av. Aguascalientes), e inclusive a costa de aquellos predios que habrán de desincorporarse de la frontera agrícola actual.

En resumen: ¿Qué debe hacerse? A reserva de incluir otras consideraciones, se plantean las siguientes en una primera aproximación:

  1. Legislar de una buena vez en contra de la especulación inmobiliaria. Nuestro espacio y futuro comunes, dependen de un uso adecuado, racional, sustentable y digno, de aquellos espacios que ya han sido incorporados a la urbanización, pero que por mezquinos intereses particulares son objeto de una especulación criminal e irresponsable.

  1. De forma armónica con las políticas de otros países que ya están a la vanguardia en políticas sustentables, privilegiar e incrementar el concepto del pago a los servicios ambientales, con especial énfasis hacia aquellos predios en donde aún subsistan relictos de vegetación natural en torno a ciudades cuyas áreas de recarga de los acuíferos que les abastecen, aun permanezcan ecológicamente viables.

  1. Para determinar esa viabilidad, es menester que las autoridades ambientales, en el ámbito de sus competencias, requieran de estudios de impacto ambiental realizados por instituciones facultadas para realizar investigación aplicada, con prestigio reconocido y acreditable, y que no tengan intereses vinculados a los proyectos cuya viabilidad ambiental se cuestiona. No debe soslayarse el compromiso de México en materia ambiental y de cambio climático, en el concierto de las demás naciones del planeta. Este aspecto, plenamente justificado en política federal, debe aplicarse a nivel estatal y municipal. Aunque duela, esto supone y anticipa el fin de los estudios de impacto ambiental realizados “a modo” por “consultorías y despachos particulares”, contratados por los “aprovechadores” del suelo y cualquier otro recurso natural.

  1. Darle la justa dimensión a otros elementos del paisaje, como la flora y la fauna, particularmente aquellas bajo alguna categoría de riesgo, tanto en nuestra normatividad (NOM-059), como en las convenciones internacionales (CITES) de las cuales México es país signatario. Su consideración, mas que una defensa “romántica” y “per-se”, debe entenderse como lo que es; un recurso biótico cuyo valor de indicador demuestra la capacidad ecológica del sitio evaluado, para recuperarse de los impactos antropogénicos que el desarrollo humano les infringe, y que en consecuencia es de utilidad pública mantener y conservar.

  1. Muy importante…, respetar el derecho a la información de la ciudadanía. Cualquier proyecto que afecte su futuro, debe asumirse la responsabilidad de informar, o en su defecto permitir que otras instancias ajenas al promovente del proyecto inmobiliario, den a conocer a la ciudadanía, los “pros” y “contras” del proyecto en cuestión. Al parecer, este aspecto estaría “salvado” y considerado en la normatividad, al abrir tiempos de “consulta ciudadana”. Más en la práctica es letra muerta. Estamos sacrificando nuestra perdurabilidad como individuos, como sociedad y como especie, al aferrarnos a la observancia de normatividades obtusas, obsoletas e irresponsables, que buscan restringir a “tiempos legales” la presentación de argumentos que demuestren el riesgo de continuar con el proyecto en cuestión, y con ello decidir sobre nuestro futuro común. Es en este tenor, que debiera pensarse en una comisión ciudadana de defensa de los derechos ambientales, que además se responsabilice de informar a la ciudadanía sobre lo que atañe a su CAPITAL NATURAL Y FUTURO COMUN. Un pueblo informado tiene mas defensa contra el abuso, en cualquiera de sus variantes y manifestaciones.

  1. Utilizar los recursos disponibles y al alcance en materia de legislación ambiental estatal. Particularmente, en lo que atañe a la declaratoria de AREAS NATURALES PROTEGIDAS, como instrumento de protección de aquellas áreas de interés colectivo, contra la proliferación de desarrollos urbanos que comprometen y destruyen el capital natural de los aguascalentenses.

  1. Establecer un órgano fiscalizador, con participación ciudadana, que exija rendición de cuentas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, involucradas en el ejercicio de los recursos de los programas ambientales, principalmente aquellos destinados al fortalecimiento de las instituciones ambientales, así como la evaluación de los resultados alcanzados y comprometidos en dichos programas. Como ejemplo, se citan aquellos resultados que la actual administración estatal no alcanzó (constitución de un SISTEMA ESTATAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, elaboración y publicación del PLAN DE MANEJO DE LA ANP-ZSCE SIERRA FRIA, Y la publicación del ORDENAMIENTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL del estado de Aguascalientes). Otro tanto debiera hacerse en aquellos programas destinados a personas físicas y morales de la sociedad civil, que son aplicados al desarrollo de proyectos “ambientales” relacionados con la forestería y el turismo de naturaleza, ya que su proliferación y desarrollo puede estar causando un serio menoscabo en la capacidad de recuperación de los ecosistemas intervenidos, y por ende, en los servicios ambientales que constituyen la base de nuestro futuro común.

  1. Más importante. Despolitizar estos temas. Muy difícil, pero posible.

Estos argumentos están abiertos a debate. Es urgente entonces, propiciar los espacios y tiempos para ello. Nuestro futuro común lo exige. Antes que sea tarde.



[1] M. en Ciencias con especialidad en Ganadería y Dr. en Ciencias con especialidad en Botánica por el Colegio de Postgraduados, Asesor científico de Ciudadanos Unidos para la Defensa Ambiental, A.C.. E-mail: smedinat@gmail.com, smedinat@colpos.mx.